Aviso legal

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Los prestadores de servicios deben indicar obligatoriamente en su página web a través de un fácil acceso:

• Razón social.

• Datos de contacto: Población, calle, Nº, Teléfono, e-mail, y cualquier otro medio de contacto.

• El número de inscripción en el Registro Mercantil.

• NIF de la empresa.

• El precio de los productos o servicios, indicando si están incluidos gastos de envío, si está incluido o no el I.V.A (o cualquier otro impuesto)

• Si el servicio ofertado precisa de una titulación, autorización, etc. Tendrá que incluir dichos datos y los de la entidad u órgano responsable de su supervisión

• Los códigos de conducta a los que, en su caso, este adherido y la forma de consultarlos electrónicamente.

• Si el servicio es desprendido de una profesión regulada, siempre deberá informar sobre los datos del Colegio, Nº de colegiado, titulación académica, y el Estado de la Unión Europea en que se expidió.

2.- INFORMACIÓN OBLIGATORIA PARA LAS WEBS QUE OFREZCAN SERVICIOS A TRAVÉS DE NÚMEROS DE TELÉFONO CON TARIFICACIÓN ESPECIAL.

Cuando el servicio ofrecido requiera cualquier tipo de contacto con una tarificación para el mismo. Se deberá informar al usuario expresamente y con antelación, indicando el procedimiento exacto para finalizar dicha conexión, si se tienen que descargar programas informáticos, el número de teléfono de contacto anterior a la tarificación especial y el número de teléfono de la tarificación adicional o especial, indicando el coste del mismo, advirtiendo si tiene aplicados los impuestos pertinentes.

Cuando el servicio se ofrece a través de internet, o mensajería de móvil o fijo y consiste en la descarga de música, melodías, fotos, salvapantallas, videos, juegos, concursos, futurología, etc. Suministrados a través de llamadas o SMS etc., con una tarificación especial, deberán aplicar la LSSICE, en especial con:

a) Información general (artículo 10 de la LSSI).

b) Información exigida sobre las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos (artículo 20 de la LSSI).

c) Según el artículo 21, queda totalmente prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

3.- DEBER DE COLABORACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y SUS RESPONSABILIDADES

Los operadores de redes que presten un servicio de intermediación, que consista en transmitir por una red de telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a ésta, no serán responsables por la información transmitida, salvo que ellos mismos hayan originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado éstos o a los destinatarios de dichos datos.

No se entenderá por modificación la manipulación estrictamente técnica de los archivos que alberguen los datos, que tiene lugar durante su transmisión.

Los prestadores no tienen obligación de supervisar los contenidos, pero si detectan alguna infracción deberán comunicarla, así como ofrecer la máxima colaboración con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Retirar la información en el momento que haya sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente o que un tribunal u órgano administrativo competente ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella.

4.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD.

Desde primeros del 2008, los proveedores de acceso a Internet tienen la obligación de informar sobre las medidas técnicas o programas de antivirus o filtrados contra virus etc. Así como la posible responsabilidad por usar internet con fines ilícitos, también se obliga a los prestadores a informar de las medidas de seguridad adoptadas en sus sistemas, igualmente deberán informar a sus clientes de la finalidad del tratamiento y la posibilidad de rechazar el mismo de forma sencilla y gratuita.

5.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Esta Ley será de aplicación a los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España y a los servicios prestados por ellos.

Por ello se entiende que cualquier Web que tenga una finalidad económica para el titular de la misma ya sea a través de la misma Web o gracias a la publicidad en ella contemplada. Con lo cual asociaciones o cualquier entidad sin ánimo de lucro estarán exentas de la LSSICE

6.- CONTRATACIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA.

1. Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez.

Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, por el Código Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial.

2. Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos.

3. Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico.

4. No será de aplicación lo dispuesto en el presente Título a los contratos relativos al Derecho de familia y sucesiones.

A.) Obligaciones previas a la contratación.

A.1. Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información que se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información que realice actividades de contratación electrónica tendrá la obligación de poner a disposición del destinatario, antes de iniciar el procedimiento de contratación y mediante técnicas adecuadas al medio de comunicación utilizado, de forma permanente, fácil y gratuita, información clara, comprensible e inequívoca sobre los siguientes extremos:

A.a) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.

A.b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser

A.c) Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos, y

A.d) La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.

A.2. La obligación de poner a disposición del destinatario la información referida en el párrafo anterior se dará por cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio de Internet en las condiciones señaladas en dicho párrafo.

A.3. Cuando el prestador diseñe específicamente sus servicios de contratación electrónica para ser accedidos mediante dispositivos que cuenten con pantallas de formato reducido, se entenderá cumplida la obligación establecida en este apartado cuando facilite de manera permanente, fácil, directa y exacta la dirección de Internet en que dicha información es puesta a disposición del destinatario.

B.) Información posterior a la celebración del contrato.

B.1. El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que la hizo por alguno de los siguientes medios:

B.a) El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación, o

B.b) La confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario.

5. No será necesario confirmar la recepción de la aceptación de una oferta cuando:

5.a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor, o

5.b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente, cuando estos medios no sean empleados con el exclusivo propósito de eludir el cumplimiento de tal obligación.

7.- LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA

La ley prevé que las Administraciones Públicas deberán fomentar la elaboración y aplicación de códigos de conducta e impulsar la participación en los mismos de todas las asociaciones y organizaciones interesadas.

Estos códigos serán totalmente accesibles por vía telemática, los prestadores a los usuarios deberán informar de dichos códigos, la forma de consultarlos, e informarle que la adhesión a un código es

8.- MEDIOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La Ley potencia los instrumentos de resolución extrajudicial de conflictos por medios electrónicos, para que éstos puedan solucionarse de manera sencilla, cómoda y económica para las partes.

Los consumidores y usuarios podrán ejercer también una acción judicial de cesación para obtener el cese inmediato de toda conducta contraria a la Ley que lesione sus intereses. Esta acción podrá ejercerse ante la jurisdicción civil por un procedimiento ágil y rápido.

Los procedimientos existentes para la resolución judicial y extrajudicial de conflictos en relación con los servicios de la Sociedad de la Información y el comercio electrónico son los siguientes:

a) Procedimientos de resolución judicial de conflictos

Los usuarios tienen a su disposición todo el repertorio de acciones civiles y penales para reclamar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por vía electrónica, la reparación debida por la producción de daños y perjuicios o que se restaure la legalidad ante la comisión de un hecho delictivo perpetrado con la ayuda de medios electrónicos.

La LSSI añade a éstas una nueva acción, la acción de cesación, dirigida a obtener el cese inmediato de toda conducta contraria a la Ley que lesione los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios o a prohibir su reiteración futura.

Esta acción podrá ser ejercida por las personas, asociaciones o grupos de consumidores y usuarios perjudicados, así como por el Ministerio Fiscal, el Instituto Nacional del Consumo y los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales con competencias en materia de defensa de los consumidores. Se reconoce igualmente capacidad a las entidades legitimadas en otros Estados miembros de la Unión Europea para ejercitar esta acción si la conducta lesiva tiene su origen en la actividad de un prestador de servicios español.

El procedimiento de tramitación de esta acción se regula en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

b) Procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos

Hay muchos tipos de procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos, desde los más simples, como la institución de un «defensor del cliente» o de un servicio de reclamaciones en la propia empresa, hasta los órganos creados por la propia industria para controlar el cumplimiento de normas de ontológicas que se hayan comprometido a cumplir (normalmente incluidas en Códigos de conducta).

Por lo que respecta a los sistemas de arbitraje, además de poder acudir al arbitraje convencional, regulado en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, existe el Arbitraje de Consumo, regulado por el Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, dictado en desarrollo de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que resuelve con carácter vinculante conflictos entre empresas y consumidores, siempre que ambas partes se sometan voluntariamente al mismo. El sistema arbitral de consumo tiene la ventaja de que los conflictos se resuelven con rapidez (en menos de cuatro meses desde que son designados los árbitros) y de forma gratuita para las partes (salvo si las partes solicitan la práctica de determinadas pruebas).

El sistema arbitral de consumo español está integrado dentro de una red europea de órganos de resolución extrajudicial de conflictos con consumidores, que ha sido concebida para proporcionar un mecanismo rápido, cómodo y económico de resolución de disputas en las relaciones comerciales transfronterizas que se concierten por medios electrónicos.

En la página http://www.consumo-inc.es/arbitraje/arbitraje.htm, puede encontrarse información sobre ambos sistemas (nacional y comunitario) de resolución de conflictos.

Por otro lado, en lo relativo a conflictos surgidos entre consumidores españoles y empresas de otros estados miembros de la Unión Europea y los surgidos entre empresas españolas y consumidores de otros estados de la Unión, se encuentra información en la página web del Centro Europeo del Consumidor:

http://www.cec.consumo-inc.es.htm

En la página de la Comisión europea encontrará toda la información publicada por dicha institución comunitaria sobre la red europea de resolución extrajudicial de conflictos con consumidores.

http://www.europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/acce_just/index_en.html

9.- LA PUBLICIDAD Y LA LSSI

En todas las formas de comunicación, cuando tratamos, anunciamos o enviamos publicidad. Siempre tiene que ser claramente identificados como tal, incluyendo al inicio de la misma la palabra “publicidad “o su abreviatura “publi”

Cuando lo que tratamos sean: ofertas promocionales con descuentos, regalos, etc. Incluso si son juegos, concursos, etc. Además deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

Tiene que quedar claramente identificados, tanto los concursos, juegos, etc. Y sus condiciones de acceso y participación, esta información tienen que ser accesible y claramente expresada e inequívoca,

Todo ello sin perjuicio de lo que disponga la normativa de ordenación del comercio minorista, y las posibles normativas de las Comunidades Autónomas con competencias exclusivas sobre consumo, comercio electrónico o publicidad.

Como ya se indico con anterioridad el mensaje publicitario sea de la índole que sea, si es enviado expresamente, deberá haber sido autorizado o solicitado por el afectado con anterioridad. Esta norma no es de aplicación cuando ya exista una relación contractual previa, en este caso SI podemos enviar publicidad, similar a los servicios o productos ya contratados

En todos los casos el prestador de los servicios ofrecerá al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales, corregirlos, cancelarlos, etc. Esta posibilidad estará reflejada de forma clara, legible y claramente expresada de forma inequívoca, tanto en el momento que se recabaron, como en cada una de los envíos publicitarios, y para dar efecto a esta posibilidad, el prestador del servicio deberá habilitar unos procedimientos sencillos y gratuitos.

Estas normas se aplicaran a cualquier tipo de comunicación similar, incluyendo la telefonía móvil.

10.- LAS INFRACCIONES Y SUS SANCIONES APLICADAS

Las infracciones previstas por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LSSI se califican como leves, graves y muy graves, imponiéndose en cada caso las siguientes sanciones:

INFRACCIÓN SANCIÓN
LEVE Multa de hasta 30.000 euros
GRAVE Multa de 30.001 a 150.000 euros
MUY GRAVE Multa de 150.001 a 600.000 euros

11.- INSPECCIÓN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

La Ley otorga las funciones de supervisión y control de la misma al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el ámbito de la Administración General del Estado, y a los órganos que correspondan de las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales y competenciales. En esta función de control, los órganos citados podrán llevar a cabo las actuaciones inspectoras que sean precisas.

La imposición de sanciones por el incumplimiento de lo previsto en la LSSI corresponderá al órgano o autoridad que dictó la resolución incumplida o al que estén adscritos los inspectores.

Asimismo las infracciones respecto a los derechos y garantías de los consumidores y usuarios serán sancionadas por el órgano correspondiente de las Comunidades Autónomas competentes en materia de consumo.

En el ámbito de la Administración General del Estado, la potestad sancionadora corresponde al Ministro de industria, Turismo y Comercio en los términos previstos por el Art. 43 de la Ley.

No obstante, corresponde a la Agencia de Protección de Datos la imposición de sanciones por el incumplimiento de los artículos 21 y 22 de la Ley.

La potestad sancionadora se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en sus normas de desarrollo en la materia, especialmente el RD 1398/1993 que regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. No obstante, el plazo máximo de duración del procedimiento simplificado será de tres meses.

12.- LA AUTORREGULACIÓN

Existe un gran incremento en adquirir sistemas de actuación “autorregulados” para incrementar la confianza de los usuarios de servicios. Internet es el marco ideal para el “I+D” Ya que se trata de una herramienta de gran difusión y en constante evolución.

Los códigos de conducta han sido reconocidos tanto por la (LSSICE) como por la directiva 2000/31CE como herramienta de ordenación del sector de las normas jurídicas y sus principios. Las administraciones públicas están encomendadas a la aplicación y elaboración de los códigos de conducta.

El Ministerio de Industria, turismo, y Comercio, promueve la difusión y conocimientos de las iniciativas para crear sistemas de autorregulación, para la prestación de servicios.

Debe hacerse especial mención al “distintivo publico de confianza en los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico” su regulación está tipificada en el RD1163/2005 y consigue un gran impulso de autorregulación. En mencionado RD se encuentra establecidos los requisitos y el procedimiento de concesión de dicho distintivo. Ya que el mero hecho de tener un sistema de autorregulación en la Web, no implica por si solo un reconocimiento oficial o la conformidad de sus disposiciones con la legislación aplicable.

Asimismo, el artículo 3 de la Ley 56/2007 crea la calificación de «Oferta pública de contratación electrónica de transparencia garantizada» en el ámbito de las subastas electrónicas entre empresas (B2B). El apartado 3 del artículo establece los requisitos mínimos exigibles para que una oferta pública de contratación electrónica entre empresas sea calificada de “Oferta pública de contratación electrónica de transparencia garantizada”. Por su parte, el precepto insta al Gobierno a promover la adhesión de las empresas a este protocolo de transparencia.